Navanethem «Navi» Pillay ha recibido el Premio Nobel de la Paz de 2026. El Comité Noruego del Nobel anunció el galardón el 9 de octubre de 2026, fecha de este informe, con la motivación oficial: “for her efforts to promote peace and international law”, que puede traducirse como «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional». La ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre de 2026 en Oslo. [1]

La razón profunda del Nobel no reside en una única causa ni, en particular, en su reciente trabajo sobre Gaza. El Comité presenta toda su carrera como una demostración de que el derecho, los tribunales y la rendición de cuentas pueden funcionar como instrumentos de paz: desde su oposición jurídica al apartheid en Sudáfrica, pasando por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), la Corte Penal Internacional (CPI), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la comisión de investigación sobre Israel y el Territorio Palestino Ocupado y, actualmente, su función de jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en Gambia c. Myanmar. El propio Comité subraya que el premio pretende defender el Estado de derecho internacional en un momento en que las instituciones judiciales internacionales están sometidas a fuertes presiones políticas. [2]

Su contribución jurídica más influyente se produjo en el TPIR. Pillay integró la Sala que decidió Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu en 1998, la primera sentencia de un tribunal internacional que condenó por genocidio, y que estableció que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir actos de genocidio cuando se cometen con la intención específica de destruir, total o parcialmente, un grupo protegido. Fue una decisión colegiada —no una «sentencia de Pillay»—, pero tanto el TPIR como el Mecanismo Residual de la ONU y el Comité Nobel le atribuyen una influencia significativa en este desarrollo jurisprudencial. [3]

También participó en el histórico proceso contra el ex primer ministro ruandés Jean Kambanda, y presidió la Sala en el denominado Media Case, Nahimana et al., que abordó la responsabilidad penal internacional derivada de la propaganda que incita al genocidio. En conjunto, estos asuntos contribuyeron a desarrollar tres ámbitos fundamentales: genocidio, violencia sexual y límites entre libertad de expresión e incitación criminal. [4]

Una precisión institucional importante: Pillay fue jueza del TPIR, de la CPI y, en la actualidad, de la CIJ únicamente en calidad de jueza ad hoc. Nunca ha sido jueza permanente electa de la CIJ. Fue elegida para la CPI en 2003 y permaneció hasta su dimisión efectiva el 31 de agosto de 2008, destinada a la Sección de Apelaciones. Desde diciembre de 2019 es la jueza ad hoc elegida por Gambia en el litigio sobre el supuesto genocidio de los rohinyás en Myanmar. [5]

Sobre los nominadores del Nobel, no existe información oficial disponible. Las reglas de la Fundación Nobel mantienen confidenciales durante 50 años los nombres de nominados, nominadores y demás documentación del proceso. Para 2026 hubo 287 candidatos —208 personas y 79 organizaciones—, pero la Fundación no identifica quién propuso a Pillay. En consecuencia, su nominación oficial no podrá verificarse en los archivos Nobel antes de 2076. [6]

A fecha de 9 de octubre de 2026, Pillay está viva, tiene 85 años —nació el 23 de septiembre de 1941— y continúa desempeñando funciones jurídicas internacionales. La CIJ sigue clasificándola como jueza ad hoc en Gambia c. Myanmar; las audiencias sobre el fondo del asunto concluyeron el 29 de enero de 2026 y la causa permanece pendiente. [7]

Navanethem Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Clairwood, Durban, entonces parte de Natal, Sudáfrica, en una familia sudafricana de origen tamil indio y en el contexto del sistema de apartheid. Su origen social fue modesto —fuentes de Harvard describen a su padre como conductor de autobús— y su educación y posterior carrera profesional estuvieron condicionadas por la segregación racial y por la discriminación de género. [8]

Estudió en la entonces University of Natal, donde obtuvo un Bachelor of Arts (B.A.; grado universitario en Artes y Humanidades) en 1963 y un Bachelor of Laws (LL.B.; grado universitario en Derecho) en 1965. Posteriormente cursó estudios de posgrado en Harvard Law School: Master of Laws (LL.M.; maestría en Derecho) en 1982 y Doctor of Juridical Science (S.J.D.; doctorado en Ciencias Jurídicas) en 1988. Un documento de la Asamblea General de la ONU de 1995 confirma esas fechas, y Harvard identifica actualmente a Pillay como LL.M. ’82 y S.J.D. ’88. [9]

Su propia reconstrucción autobiográfica resulta particularmente reveladora. En Equal Justice for Women: A Personal Journey explicó que, al intentar incorporarse a despachos ya establecidos, encontró simultáneamente barreras raciales, de género y de clase; esa exclusión contribuyó a que fundase su propio bufete en 1967. Fue la primera mujer en establecer una práctica jurídica propia en Natal. [10]

Durante casi tres décadas ejerció como abogada en Sudáfrica, representando a detenidos y activistas antiapartheid. Litigó sobre tortura, aislamiento penitenciario, garantías procesales y acceso de los presos políticos a asistencia letrada. La biografía histórica sudafricana registra, por ejemplo, su defensa de miembros del Unity Movement y del Black Consciousness Movement y su victoria de 1973 en favor del acceso de los presos políticos a abogados. El régimen llegó a negarle el pasaporte durante años. [11]

Existe aquí una pequeña diferencia de formulación entre fuentes. El Comité Nobel y una página de la ONU publicada en 2026 dicen que su labor temprana incluyó la defensa de Nelson Mandela. Las biografías históricas más detalladas documentan de manera más precisa que litigó por derechos de los presos políticos de Robben Island, derechos que incluían a Mandela. Por rigor, es preferible no convertir esa formulación en la afirmación más específica de que Pillay fue «la abogada personal de Mandela» o su defensora en el proceso de Rivonia, algo que las fuentes primarias citadas no establecen. [12]

Además del ejercicio profesional, impartió docencia en la University of KwaZulu-Natal y ejerció funciones de dirección universitaria. Participó en la Women’s National Coalition y contribuyó al proceso que incorporó una cláusula constitucional de igualdad que prohíbe diversas formas de discriminación; fue también cofundadora de Equality Now, organización internacional por los derechos de las mujeres. [13]

En 1995, tras el fin del apartheid, fue nombrada jueza interina del High Court de Sudáfrica. Ese mismo año fue elegida para integrar el recién creado Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El paso de una abogada que durante el apartheid no podía desenvolverse en condiciones de igualdad dentro de la profesión jurídica a magistrada nacional e internacional es una de las claves biográficas que el Comité Nobel incorpora a su lectura de Pillay como defensora del Estado de derecho. [14]

La siguiente cronología sintetiza cargos y principales reconocimientos. [15]

La sucesión de tribunales en el currículum de Pillay puede provocar confusiones, especialmente entre ICTR/TPIR, ICC/CPI e ICJ/CIJ. Son instituciones radicalmente distintas y su función en cada una también lo fue.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda — TPIR/ICTR. Pillay fue elegida jueza en 1995 y permaneció hasta 2003. Fue una de sus seis primeras magistradas y, durante los cuatro primeros años, su única jueza mujer. Entre 1999 y 2003 fue la segunda presidenta del TPIR. El Mecanismo Residual de la ONU afirma que participó en siete procedimientos de primera instancia y destaca expresamente Akayesu, Kambanda y Nahimana et al.. [21]

Corte Penal Internacional — CPI/ICC. Fue elegida en 2003 para un mandato originalmente previsto de seis años y destinada a la Sección de Apelaciones. No completó ese mandato: dimitió con efecto el 31 de agosto de 2008 al ser nombrada Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Una decisión de la Presidencia de la CPI de 29 de agosto de 2008 confirma tanto su pertenencia a la Cámara de Apelaciones como su sustitución desde el 1 de septiembre. [25]

Su etapa en la CPI tiene una importancia ligeramente distinta de la del TPIR. El expediente público no permite identificar una «doctrina Pillay» equivalente a Akayesu: su significación reside sobre todo en haber formado parte del núcleo judicial inicial de la primera corte penal internacional permanente y haber aportado la experiencia adquirida en uno de los tribunales ad hoc que precedieron a la CPI. Harvard ya la describía durante esa etapa como miembro de la Sección de Apelaciones y como una de las juristas con mayor experiencia práctica en justicia penal internacional. [34]

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Asamblea General aprobó su nombramiento el 28 de julio de 2008; tomó posesión el 1 de septiembre de 2008 y su mandato terminó en 2014, después de una prórroga de dos años aprobada a partir de septiembre de 2012. Era el principal cargo de derechos humanos de la Secretaría de Naciones Unidas, no una función judicial. [35]

En su discurso final ante el Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2014, explicó su concepción del cargo en términos de independencia, imparcialidad, compromiso con la verdad y rechazo de dobles raseros. Durante su mandato situó entre las preocupaciones del ACNUDH cuestiones como discriminación, violencia, rendición de cuentas, terrorismo y Estado de derecho, así como los riesgos que la vigilancia masiva plantea para la privacidad. [36]

Corte Internacional de Justicia — CIJ/ICJ. Aquí es esencial la precisión. Pillay no ha sido elegida como una de las juezas permanentes de la CIJ. Desde el 10 de diciembre de 2019 actúa como jueza ad hoc, designada por Gambia en Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar). El derecho de cada parte a escoger un juez ad hoc cuando no cuenta con un nacional suyo en el tribunal es una figura propia del Estatuto de la CIJ; no convierte a esa persona en miembro permanente de la Corte. La página actual de la CIJ continúa enumerando expresamente a «Ms Navanethem Pillay» por Gambia y a Claus Kreß por Myanmar. [29]

En julio de 2022 la CIJ rechazó las excepciones preliminares de Myanmar y declaró que tenía jurisdicción y que la demanda de Gambia era admisible. En enero de 2026 celebró las audiencias sobre el fondo; concluyeron el 29 de enero de 2026. A 9 de octubre de 2026 la página oficial sigue mostrando el asunto como pendiente y a Pillay entre sus jueces ad hoc. [37]

Por tanto, una descripción institucionalmente precisa es:

Pillay fue jueza del TPIR y de la CPI; fue presidenta del TPIR; no fue presidenta ni jueza permanente de la CIJ; actualmente es jueza ad hoc de la CIJ en una sola causa. [38]

El centro de gravedad jurídico de su legado se encuentra en el derecho penal internacional, especialmente en la evolución de los conceptos de genocidio, violencia sexual, responsabilidad individual e incitación.

El caso Akayesu. El 2 de septiembre de 1998, la Sala de Primera Instancia I del TPIR —presidida por Laïty Kama e integrada además por Lennart Aspegren y Navanethem Pillay— declaró culpable al exalcalde Jean-Paul Akayesu. Fue la primera sentencia de un tribunal internacional por el delito de genocidio. La Sala también lo condenó por incitación directa y pública al genocidio y por crímenes contra la humanidad, incluidos violación, tortura, asesinato y exterminio. [39]

La innovación decisiva consistió en reconocer que la violación y la violencia sexual pueden constituir genocidio cuando concurren los elementos del delito, en particular la intención de destruir total o parcialmente al grupo protegido. La Sala entendió que la violencia sexual contra mujeres tutsis formaba parte del proceso de destrucción dirigido contra el grupo. Desde un punto de vista doctrinal, esto desplazó la violencia sexual desde una visión periférica del conflicto —un abuso inevitable o incidental— hacia el núcleo de los crímenes internacionales más graves. [40]

La sentencia, sin embargo, fue colegiada. Una presentación rigurosa no debería atribuir a Pillay individualmente el holding jurídico como si hubiese sido su opinión personal. Lo que sí permiten afirmar las fuentes es que desempeñó una función particularmente relevante en el tratamiento de la dimensión sexual de los crímenes. El actual Mecanismo Residual califica su papel de «esencial» en Akayesu, y el Comité Nobel de 2026 afirma que su influencia fue un factor significativo en la jurisprudencia que reconoció la violación y la violencia sexual como posibles actos de genocidio. [41]

Ese interés no fue accidental. Su ensayo de 2002 The Advancement of Women’s Rights analiza la evolución de la jurisprudencia de género de los tribunales para Ruanda y la antigua Yugoslavia y sostiene que la persecución de la violencia sexual necesitaba incorporar plenamente la experiencia de las mujeres y superar décadas de impunidad. Más adelante, en Sexual Violence: Standing by the Victim, insistió en que el sistema debía evaluar la violencia sexual desde la perspectiva de quienes la padecen y no únicamente desde categorías militares tradicionales. [42]

El caso Kambanda. Pillay integró igualmente la Sala que trató el proceso contra Jean Kambanda, primer ministro del gobierno interino ruandés durante el genocidio. En mayo de 1998 Kambanda se declaró culpable de seis cargos, incluido genocidio. El TPIR señaló que era la primera vez que un acusado reconocía ante un tribunal penal internacional su culpabilidad por genocidio; posteriormente recibió cadena perpetua. El Mecanismo Residual describe el asunto como la primera vez que un jefe de gobierno fue responsabilizado por genocidio y crímenes contra la humanidad. [43]

La relevancia de Kambanda para la obra de Pillay es distinta de la de Akayesu: mostró que la responsabilidad internacional por crímenes masivos podía extenderse hasta el nivel más alto del poder ejecutivo y que el cargo político no eliminaba la responsabilidad penal individual. [44]

El denominado Media Case, Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze. Pillay presidió la Sala de Primera Instancia que juzgó a responsables de la Radio Télévision Libre des Mille Collines y del periódico Kangura. El fallo del 3 de diciembre de 2003 examinó cómo radio, prensa y propaganda habían contribuido a fomentar el odio étnico y el genocidio. Fue uno de los grandes casos modernos sobre la frontera entre expresión protegida y incitación penalmente relevante al genocidio, y el primero de su magnitud en justicia penal internacional desde los procesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial relacionados con propaganda genocida. [45]

No significa que cualquier discurso de odio equivalga jurídicamente a genocidio. El núcleo del problema era determinar cuándo la comunicación pasa de ser expresión —por repugnante que resulte— a formar parte de una conducta criminal tipificada, en particular la incitación directa y pública a cometer genocidio. Esta preocupación explica que las biografías oficiales de Pillay asocien su trabajo en el TPIR no solo con «violación y genocidio», sino también con libertad de expresión y propaganda del odio. [46]

Sus aportaciones trascienden las sentencias. En Sudáfrica, su trayectoria conecta el derecho internacional con la lucha contra un sistema discriminatorio interno; en el TPIR, con la responsabilidad penal individual; en la CPI, con la institucionalización permanente de esa justicia; en el ACNUDH, con la universalidad y aplicación estatal de los derechos humanos; y en la CIJ, con la responsabilidad internacional de los Estados bajo la Convención contra el Genocidio. Es precisamente esa continuidad —del individuo al Estado y del litigio nacional a la arquitectura internacional— la que el Nobel de 2026 convierte en argumento central para relacionar derecho y paz. [47]

El Nobel de la Paz de 2026

El Comité Noruego del Nobel anunció el 9 de octubre de 2026 su decisión de conceder el Premio Nobel de la Paz a Navanethem Pillay. La cita oficial es extraordinariamente concisa:

“for her efforts to promote peace and international law.” [2]

La motivación ampliada permite identificar al menos cuatro razones.

Primero, la paz a través del Estado de derecho. El Comité no presenta justicia y paz como objetivos rivales. Su argumento es que un orden basado en normas permite sustituir el poder, la violencia y la represalia por tribunales, tratados y procedimientos institucionales. En su razonamiento, la contribución de Pillay consiste en demostrar durante décadas que la persecución judicial de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad puede fortalecer una paz basada en responsabilidades jurídicas. [2]

Segundo, la expansión material del derecho penal internacional. El Comité destaca explícitamente que Pillay contribuyó a ampliar «el alcance y el impacto» del derecho internacional, y señala en particular el reconocimiento de la violación y de la violencia sexual como posibles formas de crimen contra la humanidad y genocidio. Esta es la conexión más directa entre un desarrollo jurisprudencial concreto y la concesión del Nobel. [48]

Tercero, la construcción y defensa de instituciones. Su trayectoria abarca prácticamente todas las capas del sistema contemporáneo: tribunales nacionales, un tribunal penal ad hoc de la ONU, la CPI permanente, el ACNUDH, comisiones de investigación y la CIJ. Para el Comité, no se trata solo de dictar sentencias, sino de consolidar instituciones capaces de imponer reglas a individuos y Estados. [2]

Cuarto, el momento político de 2026. La declaración del Nobel afirma que el sistema de derecho internacional está sometido a una presión excepcional, con instituciones y jueces objeto de ataques. El premio funciona, por tanto, también como una declaración institucional del Comité a favor de los tribunales y del derecho internacional frente a la política de poder. Esta dimensión contextual ayuda a entender por qué Pillay recibe el galardón ahora, después de una carrera de más de seis décadas. [2]

Sería reduccionista describirlo como «el Nobel de Pillay por Gaza». El comunicado sí menciona que hasta hace poco presidió la Comisión de Investigación sobre Israel y el Territorio Palestino Ocupado, por lo que ese trabajo forma parte de su trayectoria reciente. Pero la motivación oficial construye expresamente un arco mucho más amplio: apartheid, Ruanda, CPI, derechos humanos de la ONU, Palestina/Israel y Myanmar. La lectura más sólida es, por tanto, la de un premio a una trayectoria y a una concepción de la paz basada en el derecho, no un premio por un único informe. [2]

La ceremonia de entrega aún no ha sucedido: la decisión se anunció el 9 de octubre de 2026 y la ceremonia está prevista para el 10 de diciembre de 2026. En lenguaje cotidiano es correcto decir que Pillay «ha ganado» o «ha recibido el Nobel de 2026», pero materialmente la medalla, el diploma y el documento relativo a la cuantía se entregan en diciembre. [49]

¿Quién la nominó? Oficialmente, no se sabe. La Fundación Nobel impide revelar durante 50 años los nombres de nominados y nominadores, así como los informes y deliberaciones relacionados con la selección. Para 2026 constan 287 candidatos —208 personas y 79 organizaciones—, pero el Nobel no publica la lista. No he encontrado una autodivulgación de un nominador respaldada por una fuente suficientemente autorizada que permita atribuir con seguridad la nominación de Pillay. La identidad oficial de sus nominadores solo podrá comprobarse en el archivo Nobel una vez vencido el plazo de confidencialidad, es decir, no antes de 2076. [6]

Otros premios destacados

El Nobel culmina una serie larga de distinciones que ya premiaban exactamente los componentes que acabarían formando parte de su motivación en 2026.

El Gruber Women’s Rights Prize de 2003 fue concedido a Pillay y a Pro-Femmes Twese Hamwe. En el caso de Pillay, la fundación destacó su liderazgo en derechos humanos de las mujeres y la decisión histórica del TPIR sobre violación, guerra y genocidio. Es particularmente significativo porque muestra que su asociación pública con la jurisprudencia de violencia sexual no es una reconstrucción posterior al Nobel, sino un elemento reconocido desde hace más de dos décadas. [50]

En 2010, siendo Alta Comisionada, recibió el Stockholm Human Rights Award por su servicio de toda una vida al Estado de derecho y los derechos humanos y por su papel en la jurisprudencia pionera que trató la violación como posible genocidio. El premio es una iniciativa de la Swedish Bar Association, la International Bar Association y el International Legal Assistance Consortium. [51]

En 2021, la World Jurist Association la incluyó entre las ocho juristas distinguidas con la Ruth Bader Ginsburg Medal of Honor, destinada a reconocer la defensa del Estado de derecho y de la igualdad de género. [30]

En 2025, recibió el Sydney Peace Prize, cuyo jurado destacó una vida de defensa de los derechos fundamentales, la «paz con justicia», los derechos de las mujeres y la responsabilidad frente a la creciente impunidad de los crímenes internacionales. [32]

Y en 2026, antes del Nobel, el Olof Palme Prize fue otorgado conjuntamente a Pillay y al jurista sudafricano John Dugard por su defensa de los derechos humanos fundamentales y por el trabajo destinado a documentar responsabilidades por violaciones del derecho internacional. [52]

El patrón es notable: los reconocimientos de 2003, 2010, 2025 y 2026 convergen en tres conceptos —justicia de género, responsabilidad internacional y Estado de derecho— que son exactamente los ejes que el Comité Nobel reformula en 2026 como contribuciones a la paz. [53]

Pillay no es principalmente una académica de producción monográfica, sino una jurista práctica, jueza y responsable institucional. Su pensamiento está, por ello, disperso entre artículos, conferencias, sentencias colegiadas y discursos de la ONU. Esa distinción es importante: las sentencias del TPIR son productos de la Sala y no publicaciones personales suyas. [54]

En sus escritos aparece una concepción coherente del derecho. Equal Justice for Women parte de su experiencia personal con tres formas superpuestas de discriminación —raza, género y clase— y concluye que la igualdad formal es insuficiente cuando leyes, instituciones y quienes interpretan esas leyes reproducen estructuras de subordinación. [59]

The Advancement of Women’s Rights traslada esa idea al plano internacional: la representación de las mujeres dentro de los tribunales no es, en su razonamiento, meramente simbólica, sino que puede modificar qué experiencias son consideradas jurídicamente relevantes. La propia evolución de los procesos por violencia sexual en Ruanda constituye para ella un ejemplo de cómo una perspectiva históricamente ausente puede alterar la interpretación del derecho internacional. [60]

En Sexual Violence: Standing by the Victim profundizó esa idea desde la posición de Alta Comisionada. Reconoció los avances de la jurisprudencia internacional, pero advirtió que la justicia seguía teniendo dificultades para describir y atender plenamente la experiencia real de las víctimas de violencia sexual. De nuevo, la preocupación central no es ampliar tipos penales por abstracción doctrinal, sino hacer que categorías jurídicas ya existentes resulten efectivamente accesibles para quienes sufren el daño. [57]

Su discurso final como Alta Comisionada permite identificar otro elemento: independencia frente a los Estados. Pillay sostuvo que la credibilidad del sistema de derechos humanos depende de la imparcialidad, de la verdad y de no aplicar dobles raseros. Esa concepción explica simultáneamente su reputación y buena parte de las controversias de su carrera: una institución que pretende someter por igual a aliados y adversarios a reglas universales inevitablemente entra en conflicto con gobiernos que consideran selectivo o políticamente sesgado ese escrutinio. [36]

La controversia más intensa de su etapa reciente está vinculada a la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, creada por el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2021 y presidida por Pillay hasta 2025. Su mandato era particularmente amplio y estaba orientado tanto a investigar presuntas violaciones como a estudiar causas estructurales del conflicto. [61]

El Gobierno de Israel rechazó cooperar con la comisión. En una carta dirigida a Pillay en febrero de 2022 sostuvo que el Consejo de Derechos Humanos y la comisión no ofrecerían un tratamiento equitativo, acusó a sus integrantes de parcialidad y afirmó que la investigación respondía a una agenda política predeterminada. El Ministerio de Exteriores israelí reiteró posteriormente que consideraba sus informes unilaterales y producto de un sesgo estructural antiisraelí. Estas son las posiciones oficiales del Gobierno de Israel, no conclusiones neutrales sobre la imparcialidad de Pillay. [62]

La Administración estadounidense expresó también objeciones institucionales en junio de 2022: el Departamento de Estado criticó el carácter abierto y, a su juicio, vagamente definido del mandato y consideró que la comisión formaba parte de una atención desproporcionada del Consejo de Derechos Humanos hacia Israel. A diferencia de la formulación israelí, la crítica estadounidense se concentró principalmente en el diseño y mandato del mecanismo. [63]

Por su parte, la comisión sostuvo que realizaba investigaciones y análisis jurídicos independientes y que había buscado la cooperación y el acceso necesarios. La negativa israelí a cooperar constituye, por tanto, un factor relevante al evaluar sus métodos y las críticas que recibió: el desacuerdo no versa únicamente sobre los hechos, sino también sobre la legitimidad del propio mecanismo investigador. [64]

La controversia alcanzó su máximo nivel en septiembre de 2025, cuando la comisión presidida por Pillay concluyó que Israel era responsable de genocidio contra los palestinos en Gaza, afirmando que se habían cometido cuatro de los cinco actos enumerados en la Convención contra el Genocidio y que existía la intención específica requerida. Esa es la conclusión de la Comisión de Investigación, no una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Confundir ambas cosas sería jurídicamente incorrecto: la comisión es un mecanismo investigador del Consejo de Derechos Humanos; la CIJ es un tribunal internacional que decide controversias entre Estados. [65]

Pillay realizó su última presentación como presidenta de la comisión el 28 de octubre de 2025. Por tanto, no debe describirse en octubre de 2026 como su actual presidenta. [58]

Desde un punto de vista analítico, estas críticas revelan una tensión recurrente en toda su carrera: Pillay ha defendido la universalización de normas y la responsabilidad judicial precisamente en ámbitos donde los Estados sostienen que los órganos internacionales carecen de legitimidad, competencia, equilibrio o suficiente sensibilidad al contexto político. El Nobel no elimina ni resuelve esas controversias. Lo que hace el Comité de 2026 es adoptar una posición normativa clara: considera que la independencia de los jueces y la fortaleza de las instituciones internacionales son condiciones de la paz y que la trayectoria de Pillay ejemplifica esa función. [66]

Su legado puede dividirse en tres niveles. Jurídicamente, ayudó a insertar la violencia sexual en el núcleo de la jurisprudencia sobre crímenes internacionales. Institucionalmente, conectó la generación de tribunales ad hoc de los años noventa con la CPI, el sistema universal de derechos humanos y la CIJ. Socialmente, su carrera convirtió la experiencia de una mujer sudafricana discriminada simultáneamente por raza y género en una perspectiva influyente dentro del derecho internacional contemporáneo. [67]

El primer nivel es probablemente el más duradero. Akayesu modificó la forma en que la justicia penal internacional conceptualiza los ataques sexuales en campañas de destrucción colectiva. La relevancia de Pillay no consiste en haber «inventado» individualmente esa regla, sino en haber sido una integrante particularmente influyente de la Sala que produjo esa jurisprudencia y una defensora persistente, antes y después del caso, de tratar la violencia sexual como una violación sustantiva de derechos y no como un elemento marginal de la guerra. [68]

El segundo nivel es el que mejor explica el Nobel. Su biografía recorre la transformación del derecho internacional posterior a la Guerra Fría: de tribunales temporales que responden a atrocidades concretas a instituciones permanentes y mecanismos que buscan prevenir, investigar y atribuir responsabilidades antes de que la impunidad se consolide. El Comité Nobel interpreta ese proceso institucional como una aportación directa a la prevención de la violencia y a la resolución pacífica de conflictos. [2]

A 9 de octubre de 2026, Pillay está viva y acaba de cumplir 85 años. Continúa como jueza ad hoc de la CIJ por Gambia en el litigio contra Myanmar. Las audiencias sobre el fondo terminaron en enero de 2026 y el caso continúa pendiente. También figura en actividades internacionales relacionadas con la abolición de la pena de muerte, después de haber sido elegida presidenta de la International Commission against the Death Penalty en 2017. Su actividad inmediata más destacada es, naturalmente, el anuncio de hoy del Nobel de la Paz. [69]

El juicio histórico más equilibrado sobre Pillay probablemente deba evitar dos extremos. No es correcto convertirla en autora individual de toda la jurisprudencia de los tribunales colegiados en los que participó; pero tampoco resulta adecuado describirla como una mera integrante incidental. Los órganos institucionales que conservan el legado del TPIR, los premios concedidos desde 2003 y ahora el Comité Nobel coinciden en identificarla como una figura especialmente influyente en la incorporación de la violencia sexual y de género a la justicia penal internacional y, más ampliamente, en la defensa de una arquitectura jurídica capaz de hacer responder a gobernantes y Estados por graves violaciones. [70]

Para resolver las aparentes contradicciones de su biografía —sobre todo el Nobel, su pertenencia a la CIJ y la atribución individual de Akayesu— conviene distinguir entre documentos constitutivos o judiciales, páginas institucionales y biografías retrospectivas.

En conjunto, la evidencia primaria resuelve las cuestiones centrales sin ambigüedad: Pillay es la galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026; fue jueza del TPIR y de la CPI; actualmente es jueza ad hoc, no permanente, de la CIJ; y la identidad oficial de quienes la nominaron al Nobel no es pública debido a la regla de confidencialidad de 50 años. [77]

La explicación más rigurosa del Nobel es, por tanto, más amplia que «sus aportaciones a los derechos humanos»: el Comité premia una teoría y una práctica de la paz mediante el derecho. Pillay pasó de utilizar los tribunales contra los abusos de un Estado de apartheid a contribuir a una jurisprudencia capaz de calificar como genocidas determinados actos de violencia sexual, a construir instituciones penales internacionales permanentes, a exigir rendición de cuentas desde Naciones Unidas y, finalmente, a intervenir como jueza en litigios interestatales sobre genocidio. En la lectura del Comité Noruego del Nobel, esa continuidad demuestra que limitar jurídicamente el poder y sustituir la impunidad por responsabilidad no son únicamente objetivos de justicia: son también mecanismos para prevenir violencia y sostener la paz. [78]